La revocación de mandato en nuestro país ha sido objeto de todo tipo de opiniones; hoy por hoy seguimos escuchando debates respecto de la conveniencia, o no, de participar en ella. No faltan las voces que la critican, porque más que revocación parece ratificación de mandato; y desde luego, tampoco son menos las voces que la apoyan, porque se trata de un instrumento inédito de democracia directa.

En medio de todos estos puntos de vista, y sea cual sea nuestra posición respecto de este ejercicio, ¿estamos en presencia de un ejercicio democrático, con posibilidades reales y jurídicas de aplicar para este sexenio?

Empecemos por lo básico: el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue electo en el año 2018, mientras que el Decreto por el cual se reformaron y adicionaros diversas disposiciones constitucionales fue publicado el 20 de diciembre de 2019, entrando en vigor un día después. ¿Esta reforma le resulta aplicable al sexenio ya iniciado?

Y aunque la respuesta parece contenerse en el texto del propio Decreto reformador, el cual establece la posibilidad de que la revocación de mandato se solicite respecto del periodo constitucional 2018-2021, la cuestión no es tan obvia como parece.

En estricto sentido jurídico, y ante la afectación que pudiera causar un resultado no esperado y poco probable (pensemos que hipotéticamente triunfa la opción de revocar el mandato con un resultado vinculante), sería válido que el presidente acudiera ante la instancia judicial con el argumento de la no aplicación retroactiva de la norma jurídica en perjuicio de su mandato constitucional (consolidado mas de un año antes de la entrada en vigor de esta reforma), menudo problema tendría frente de si nuestro tribunal constitucional. Desde el punto de vista de la interpretación y argumentación constitucional y legal, existen buenos argumentos para defender cada una de las posturas contrapuestas.

Y es que más allá de lo posible, o no, de este ejercicio hipotético; su utilidad radica en que podría tratarse de un “as bajo la manga” que nos ayude a entender por qué nuestro primer ejercicio de revocación de mandato en México sucede más como un ejercicio de ratificación al poder actual.

En resumen, se trata de un ejercicio donde el presidente López Obrador podría aplicar el dicho “no hay nada que perder” y tal vez -sólo tal vez- “ sí mucho por ganar”. Esto es así, pues no solo se sabe que es poco probable (por no decir casi imposible) que el ejercicio conduzca a una revocación de mandato, sino que además cuenta con un argumento jurídico que posibilita -ante un escenario adverso- que la norma no le resulte aplicable.

¿Sabrá el presidente y su equipo esta posibilidad? ¿Estarán jugando un juego que saben no hay forma de perder? Sin duda, en palacio nacional saben y entienden de política y derecho ¿por qué insistirá la oposición en acusar su ignorancia y no mejor en evidenciar los usos que dan a dicho conocimiento? ¿A quién le conviene más un “mal resultado” en este primer ejercicio de revocación de mandato?

En la política los simbolismos y los mensajes, que con ellos puedan darse, son importantes. El presidente López Obrador no sólo lo sabe, sino que lo aprovecha; por ello, este 21 de marzo -en el marco de los festejos por el natalicio 216 de Benito Juárez- ha inaugurado una de sus obras emblemáticas: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 

Esta obra es importante en muchos sentidos. Primero, el aeropuerto representa un “aire de cambio” pues simbolizó un rompimiento respecto de la administración de Enrique Peña, se trataba de iniciar una obra de infraestructura que se hiciera de forma diferente a las anteriores: con un menor costo, sin denuncias de corrupción y que la gente le sintiera cercana. Como promesa, se trató de una propuesta de campaña consistente en cancelar el aeropuerto de Texcoco -bajo argumentos de corrupción- y plantear como alternativa un aeropuerto en la base área militar de Santa Lucía; como proyecto, ésta fue impulsada por el presidente electo y soportada en los resultados de una “consulta al pueblo” (que no tuvo criterios claros de organización y que contó con muy poca participación); como decisión, ésta fue concretada -incluso- antes de tomar posesión como presidente constitucional de nuestro país.  

Segundo, la fecha de inauguración de la obra es clave; no sólo se presenta como una obra construida en tiempo record (pese a todos los malos deseos de sus opositores), sino que coincide -con precisión casi milimétrica- con el proceso de revocación de mandato y con el año de renovación de 6 gubernaturas, ambos de total relevancia para los proyectos de la Cuarta Transformación.  

Tercero, su ubicación (sumada a su fecha efectiva de operación) es otro aspecto fundamental; la mega obra de infraestructura se ubica en el Estado de México, entidad que habrá de tener elecciones para renovar el ejecutivo local en 2023. No es difícil advertir que nuestro estado parece ser la joya de la corona para el proyecto encabezado desde el Ejecutivo Federal.  

Pero, no se debe pensar mal de una obra sin analizarla. Para construir este nuevo aeropuerto fue necesario cancelar el aeropuerto de Texcoco y esa decisión nos costo, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, 113 mil 327 millones de pesos (no 331 mil 966 millones de pesos, como originalmente había dicho esa misma entidad). Ahora bien, el costo de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se estima, con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en poco mas de 84 mil 956 millones de pesos (no 79 mil millones de pesos, cifra originalmente planteada). ¿Será este el costo de los vientos de esperanza política?  

Lo cierto es que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sólo avanzó, sino que se concretó (cosa rara en muchos proyectos de infraestructura). Ya en funcionamiento será interesante si éste se utiliza, o no, en el discurso de Morena para el Estado de México como un detonante electoral, muestra de su presencia y capacidad política; o si, por el contrario, es el PRI quien es capaz de contrarrestar dicho discurso y de aprovechar en su beneficio esta obra. El tiempo, los manejos mediáticos y la operación de la terminal área serán quienes despejen dudas… ¿servirá el aeropuerto como punto de despegue de un proyecto político transformador en nuestro estado o será que éste no tome vuelo… por falta de la pilota adecuada? 

El pasado jueves, las y los legisladores afines a la cuarta transformación ejemplificaron que “no es lo mismo ser torero que ver los toros desde la barrera” y nos demostraron lo cambiante que son las posiciones en nuestro sistema político.

La consecuencia de esa abierta intervención fue una reforma electoral que, entre muchas otras cosas, establecía un modelo conocido como “veda electoral” cuyo objetivo consistía en “silenciar” a los poderes públicos durante los procesos electorales para que ninguno pudiera intervenir en favor o en contra de alguna de las opciones políticas. Desde entonces, en el año 2007, la Constitución ordenó a los legisladores regular el tema de la propaganda electoral.  

Tuvieron que pasar casi 15 años, y muchos cambios políticos, para que la regulación por fin se hiciera. Lo sorprendente no es el tiempo que pasó, sino la forma en que llegó: en menos de 8 horas, sin mayor discusión, la mayoría de los ahora legisladores oficiales -afines al propio López Obrador– decidieron interpretar el concepto de propaganda gubernamental. Lo sorprendente es que su interpretación fuera más parecida -en argumentos- a lo que defendía Vicente Fox en 2006 que a lo que el propio líder opositor de aquel entonces –López Obrador- sostenía.1  

El resumen de la propuesta es: cualquier servidor público podrá “expresar su opinión” respecto de campañas políticas o procesos de revocación de mandato sin ser sancionado por ello; el único límite es no utilizar recursos públicos para hacerlo (lo cual en la práctica resulta muy difícil de probar y castigar). Será importante observar qué pasa en el Senado con esta propuesta. 

¿Se imaginan que hubiera pensado la oposición de 2006 con esta norma? Para darnos una idea, Vicente Fox podría actuar como lo hizo sin reproche legal alguno, ¡Vaya avance después de 15 años!  

Para aderezar la incongruencia política, las y los legisladores de Acción Nacional 

-hoy oposición- han advertido que -de aprobarse la modificación legal- acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una Controversia Constitucional pues consideran que esta propuesta es antidemocrática, en formas y fondo. 

Las y los legisladores de la cuarta transformación deberían recordar que la ruleta política de los triunfos electorales da muchas vueltas y en alguna puede tocarles 

-de nuevo- ser oposición ¿Lamentarán, entonces, haber aprobado la ley que hoy festejan?… ya veremos que dice el Senado, primero y la historia, después.